Alu Ibérica

“El aluminio tiene futuro, lo que necesitamos son políticos con agallas.” Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de trabajadores de Alu Ibérica

Los trabajadores de Alu Ibérica cumplen hoy 26 días de huelga por el despido de una compañera y para exigir la intervención del gobierno en una situación que ya resulta insostenible y que hace peligrar seriamente el futuro de la planta.

“El aluminio tiene futuro, lo que necesitamos son políticos con agallas.” Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de trabajadores de Alu Ibérica
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Concentración de trabajadores de Alu Ibérica, 20 de enero de 2021

A Coruña, 20 de enero de 2021.- Las concentraciones diarias y el paro indefinido son las herramientas de las que se están sirviendo los trabajadores de Alu Ibérica para denunciar la situación en la que se encuentran. La huelga comenzó a raíz de lo que consideran un despido injusto a una de sus compañeras, pero en la última época los motivos que han ido acumulando para desconfiar de la gestión de la planta han llegado al tope. Durante estos 26 días se han escuchado gritos de: “Riesgo no paga, Riesgo no hace nada”, “Ministra Maroto no nos vendas la moto”, “Menos mediación e máis solucions”... Y es que las operaciones de venta y compra de la planta coruñesa les han resultado sospechosas a muchos, tanto que ya están bajo investigación judicial. Pero, como dice el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, José Corbacho: “Una jueza no nos va a dar un plan industrial.” La preocupación de los empleados no sólo pasa por la supuesta irregularidad de los movimientos en la propiedad de la empresa, sino por el futuro de la misma y de sus empleos. La planta necesita con urgencia un plan de futuro que asegure su supervivencia. Este es el motivo por el que exigen al gobierno la intervención temporal de la fábrica, hasta que se diriman los asuntos legales. Por el momento la Xunta ha atendido las movilizaciones de los trabajadores dando comienzo a un proceso de mediación que busque el entendimiento de las partes cuya comunicación se halla absolutamente cortada.

Entender cómo se ha llegado a esta situación es complejo, pero ha sido un proceso paulatino de desconfianza y falta de transparencia que ha terminado desembocando en un conflicto abierto de compleja solución. López Corbacho tiene claro que el problema no reside en el sector del aluminio, que es necesario hoy más que nunca en diversas industrias. Llegados a este punto explica que: “El aluminio tiene mucho futuro. Lo que necesitamos son políticos con visión de futuro y agallas.” 

Los trabajadores no han cobrado la nómina de Diciembre, la planta está funcionando a menos del 30% de la producción, las movilizaciones son diarias... Pero para entender todo el conflicto de Alu Ibérica debemos trasladarnos a finales de los años 90, cuando un gigante del aluminio estadounidense compró una empresa pública que llevaba desde los 50 ocupándose del sector en el estado español.

 

El aluminio: Una inversión ventajosa.

Alcoa es la tercera empresa más grande en la producción de aluminio en todo el mundo. Su nacimiento se remonta a 1888 en Pittsburg. El crecimiento de la empresa fue rápido desde sus primeros años de actividad: En 1910 ya había introducido el papel aluminio y comenzado a investigar con el uso de este material en industrias como la de la aviación o la automovilística. Su desarrollo pasó por crear su propia localidad en forma de comunidad industrial y por hacerse con la propiedad de diferentes empresas del sector, como por ejemplo Alumax INC. En España irrumpió en 1998 con la compra de Inespal, una empresa pública dependiente del INI.

Alcoa compró al estado español una empresa que contaba con más de 4000 trabajadores, 13 centros de trabajo recientemente modernizados y que estaba dando suculentos beneficios. Pagó 410 millones de dólares por ella, aunque se descontaron alrededor de 300 en concepto de deudas generadas por las inversiones de modernización y otras reclamaciones. Además el acuerdo de compra contemplaba un precio fijo para la energía. Este trato se realizó con Megawatio y dado el caso de que el precio de la luz subiese o se disparase en los siguientes 15 años, la SEPI correría con los gastos. Para Juan Carlos Corbacho resulta evidente que se trataba de una venta ventajosa pues en España no solo se contaba con el recurso, sino con todo el tejido industrial necesario preparado para dar salida a las necesidades productivas. 

Sin embargo para 2014, una vez vencido el acuerdo que fijaba el precio de la energía, la plantilla se había visto reducida a la mitad y solo quedaban abiertos los centros de Lugo, A Coruña y Avilés. El sangrado continuó goteando en forma de diferentes reducciones de empleo, bajada de la producción y, en definitiva, paro progresivo de la actividad. Así fue hasta octubre de 2018 cuando Alcoa hizo pública su intención de cerrar definitivamente sus plantas y realizar un ajuste de empleo que afectaría a 700 trabajadores.

Los empleados, que se veían venir el desastre, estaban preparados para comenzar con las movilizaciones y la búsqueda de una solución alternativa. Finalmente consiguieron hacerse oír y pese a las complicaciones que conllevó la situación política de España entre gobiernos en funciones, elecciones y reelecciones, llegaron a un acuerdo con la empresa estadounidense. Alcoa vendería las plantas de A Coruña y Avilés, pero se comprometía a encontrar un comprador que tuviese un plan industrial a largo plazo y que asegurase el empleo durante 2 años.

Dio comienzo así un proceso de negociación entre el Ministerio de Industria, la representación de los trabajadores y Alcoa para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas. El gigante del aluminio estadounidense propuso a Parter Capital Group y al Grupo Industrial Riesgo y descartó las propuestas del ministerio que contaban con proyección internacional en el campo como Liberty, Quantum o Aludium.

Opacidad y baile de siglas

 Finalmente el comprador de los dos centros fue Parter Capital, un fondo de inversión suizo especializado en la compra de empresas que pasan por procesos de reestructuración o situaciones difíciles y cuya facturación oscila entre los 20 y 300 millones de euros. La empresa sostiene lemas como: “Una perspectiva a largo plazo para tu empresa” o “Un nuevo futuro para tu empresa”. El fondo contaba para aquel momento con el control de 12 compañías y las Alcoa coruñesa y asturiana pasarían a ser la décimo tercera y la primera radicada en España. Su trayectoria, con un porfolio de empresas que funcionaban bien a grandes rasgos, avalaba su compra y tranquilizó a los trabajadores. López Corbacho cuenta que en un primer momento confiaron en que Parter tendría un plan, aunque rápidamente se dieron cuenta de que no era así pese a las buenas palabras que la empresa les dedicaba.

Alu Ibérica

El acuerdo de venta entre Alcoa y Parter se firmó el 1 de Julio de 2019 y se hace efectivo el día 31 del mismo mes. En el documento Alcoa se comprometía a invertir 20 millones de euros en cada planta y a aportar 15 millones de apoyo financieros durante dos años. Los sindicatos alegan que este contrato les fue ocultado y que no conocían por completo las condiciones de esta negociación.

Con la llegada de Parter comienza un proceso de opacidad en todo lo que rodea a la nueva Alu Ibérica y qe resulta muy complicado de desentrañar. Los trabajadores, aliviados de que se descartase el cierre inmediato de la planta coruñesa, esperaban la dirección para comenzar con el nuevo plan industrial. Sin embargo se encontraron con el mismo que Alcoa había propuesto en el año 2011. La desconfianza comenzó y topó cotas máximas menos de un año después cuando se hizo pública la reventa del 75% de la empresa.

El comité de los trabajadores de Alu Ibérica se llevó una sorpresa mayúscula en Abril del pasado año, cuando se les comunicó que la gestión de la planta y tres cuartas partes de la misma pasaban a manos de Grupo Industrial Riesgo. No podían haberlo vaticinado pues Parter sobre el papel no podía bajo ningún concepto vender ni toda ni una parte de la propiedad de la empresa. Ni rastro del plan de Parter, pero sí la irrupción de un nombre conocido. Porque el Grupo Riesgo había sido uno de los postulantes a compradores de Alcoa, pero había sido descartado entre otros motivos porque exigían el traslado de alguno de los empleados a Holanda ¿Qué hacían entonces ahí?

El Grupo Industrial Riesgo se define en su página web como:  “Un grupo empresarial de origen español que desde 2008 ayuda a las compañías a desarrollar su reconversión industrial, especialmente en los sectores de la industria de exportación e importación, transporte y logística. Hoy, el grupo cuenta con 10 compañías a nivel nacional e internacional, 75 profesionales y más de 10.000 clientes.” Pese a esta presentación grandiosa el Grupo Industrial Riesgo es, en realidad, la denominación comercial de PM MR 1866, SL que es a su vez una sociedad satélite de la firma Manuel Riesgo S.A. Se constituyó el 9 de Mayo de 2019, tiene su sede en Málaga, con Luis Losada como administrador y Víctor Rubén Domenech como único accionista.

Grupo Industrial Riesgo

Las dudas que despertó la operación de compra a Parter se unieron a las suspicacias de este baile de siglas y a las sospechas acerca del currículum de este único accionista. Y es que Domenech ha acumulado diversas denuncias a lo largo de su trayectoria empresarial. Según el diario Nueva España el nuevo dueño de Alu Ibérica ha sido investigado por estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estancia irregular en España y falsificación documental. Aunque nunca ha sido condenado.

Esta acumulación de circunstancias les resultaron poco fiables tanto a Alcoa, como a algunos partidos políticos y gobiernos como a los sindicatos. La empresa estadounidense, ante las sospechas de irregularidad en la operación Parter-Riesgo, decidió congelar las inversiones comprometidas y dejándolas en un depósito notarial hasta que se aclarase el entuerto. La Xunta y el Concello de A Coruña exigieron conocer el plan del nuevo gestor. Los trabajadores, por su parte, comenzaron con movilizaciones y denuncias públicas ante la perspectiva de un desastre que acabase con el desmantelamiento de la fábrica.

Tan solo un mes después de la compra las tensiones y las suspicacias de las partes habían escalado rápidamente. Los trabajadores de la planta asturiana denunciaron el desmantelamiento y expolio encubierto de la misma. Situación que tuvo su propio reflejo en A Coruña y que también fue denunciada. La desaparición de materiales, los cambios un tanto erráticos en el sentido de la producción y la sustitución de algunas subcontratas no anunciaban nada bueno. Los comités de trabajadores se reunieron con Industria y estos anunciaron que comenzarían una investigación.

Por su parte el Grupo Industrial Riesgo ha venido haciendo comunicados en los que acusa a los representantes de los trabajadores de poner palos en las ruedas, dificultar el normal desarrollo de la producción y desestabilizar el nuevo plan. Estos gestores han declarado que sus pretensiones con respecto a Alu Ibérica son las de convertir a Asturias y Galicia en un referente de la producción de aluminio verde a nivel internacional, pero que para ello necesitan de la colaboración de todos. En desacuerdo absoluto con las acusaciones de los trabajadores, han amenazado en más de una ocasión con despidos e incluso con el cierre. López Corbacho ha sido expedientado disciplinariamente hasta tres veces por sus reclamaciones. Sin embargo, la posición de los sindicatos es la de resistir ante unas operaciones que huelen especialmente raro y que no tienen nada que ver con lo que ellos negociaron con Alcoa.

Las sospechas han llegado hasta la Audiencia Nacional. La Jueza María Tardón admitió a trámite el pasado Diciembre la querella criminal de la Confederación de Cuadros Profesionales contra 10 personas físicas y 9 jurídicas acerca del proceso de venta de Alcoa. Ahora es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la que tiene que realizar una investigación integral para clarificar todas las cuestiones que resultan opacas y sospechosas y dirimir así la posible comisión de delitos por parte de los denunciados.

Entrevista a Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de trabajadores de Alu Ibérica

Algunos trabajadores de ambas fábricas advierten de que existe una apariencia demasiado estratégica en todo lo acontecido desde la primera venta. Escogen la metáfora de los buitres aprovechando la carroña para definirlo y se muestran desconfiados ante la posibilidad de que el objetivo final de todos estos movimientos sea cerrar los centros que era la primera idea de la empresa estadounidense.

Hay empleados de Alu Ibérica que llevan toda la vida en la empresa. Corbacho, por ejemplo, es la segunda generación de su familia que trabaja allí. Empezó a trabajar en la fábrica poco después de dejar el colegio y su único objetivo es que, cuando se vaya, siga quedando empleo para los siguientes porque en sus palabras: “El aluminio tiene mucho futuro.”

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“El aluminio tiene futuro, lo que necesitamos son políticos con agallas.” Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de trabajadores de Alu Ibérica