Entrevistamos a Vanesa Míguez, Presidenta de SOS Racismo Galicia sobre el informe acerca del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche

Fronteras en los barrios

Recientemente nos ha llegado vuestro informe titulado “Fronteras en los barrios”, enfocado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, que es el CIE al que ingresan los detenidos de Galicia. ¿En qué consiste vuestro trabajo en el CIE de Aluche?

Fronteras en los barrios
Vanesa Míguez
Vanesa Míguez, Presidenta de SOS Racismo Galicia

Redacción | Rubén Sánchez | 15/07/206

Recientemente nos ha llegado vuestro informe titulado “Fronteras en los barrios”, enfocado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, que es el CIE al que ingresan los detenidos de Galicia. ¿En qué consiste vuestro trabajo en el CIE de Aluche?

Los y las compañeras voluntarias y activistas de SOS Racismo, acuden al CIE con regularidad para visitar a las personas allí encerradas e identificar las principales vulneraciones de derechos que se producen con las personas migrantes. En Madrid hay un total de 16 personas activistas en el equipo de visitas.

En el año 2015 acompañaron a 257 personas, lo que supone alrededor del 15% del total de las que estaban internadas durante ese año. El total de visitas fue de 681. En algunos casos, la persona recibe una media de dos o tres visitas, pero esto varía bastante de un caso a otro.

Habéis visitado a un 95% de hombres y un 5% de mujeres ¿por qué?

Pues esta es una cuestión a destacar, la verdad, porque la diferencia por sexo es enorme. Se han visitado 244 hombres, por tan solo 13 mujeres, y la tendencia se repite con respecto al año anterior.

Ante tal disparidad, las compañeras activistas de Madrid se han preguntado el por qué, y creen que hay dos cuestiones que pueden explicarla: 

Una razón es meramente de carácter estructural: la mayoría de las personas internas en Aluche son hombres porque el centro tiene 4 módulos para hombres con 236 plazas, y solo 1 para mujeres con 44. 

Como segunda causa, decir que es más complicado el contacto con las mujeres internas que con los hombres, y en este caso se plantean que la diferencia tan enorme se debe a otro tipo de cuestiones, que podrían deberse básicamente a una cuestión de roles de género en la división sexual del trabajo, es decir, a la clase de trabajos que desempeñan mayoritariamente las mujeres migrantes en el estado español en ciertos nichos de empleo que están completamente feminizados, tales como el trabajo doméstico, de cuidados y de limpieza. Estos trabajos, como sabemos, están muy precarizados, con regímenes propios, en muchos casos dentro del ámbito privado de las familias empleadoras, más aún si esas mujeres están en situación de irregularidad administrativa. Esto supone que están invisibilizadas, y por tanto la policía no llega hasta ellas tan fácilmente en caso de redadas. A esto hay que sumarle que las identificaciones suelen hacerse en el espacio público, y por ello podríamos suponer que las mujeres están menos expuestas, con excepción claro está, de las redadas en zonas de prostitución. De hecho, en dos informes anteriores realizados en los años 2012 y 2013 respectivamente, se daba a conocer que había casos de víctimas de trata encerradas en los CIE (fundamentalmente de nacionalidades paraguaya, brasileña y nigeriana), lo cual es realmente grave, y una de las razones que dificultan el contacto con ellas, por estar bajo redes de extorsión que las amenazan.

En definitiva, que esta es una de las hipótesis que se barajan a la hora de explicar la diferencia tan grande entre el número de hombres y mujeres internadas en el CIE de Aluche.

¿Qué relación hay entre estar detenido/a en un CIE y las deportaciones?

Pues la relación es muy alta. Según el Informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (2014), el 52.55% de las personas internadas en el CIE son finalmente deportadas.

Aquí es necesario recordar que los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, donde se ingresa a ciudadanos y ciudadanas extranjeros/as, pendientes de la tramitación o ejecución de su expulsión o devolución. 

El internamiento en el CIE tiene un carácter (presuntamente) cautelar, preventivo, es decir, se concreta en la privación de un derecho fundamental como es la libertad ambulatoria con el fin de asegurar la expulsión del territorio. Sin embargo, su funcionamiento es absolutamente penitenciario, con una función represiva que castiga la irregularidad para atemorizar y estigmatizar. Es la policía quien toma la decisión de internamiento, ejecutada por un juez o jueza. La detención en estos centros se considera una medida extraordinaria, solo operativa en casos concretos y justificados, como en el caso de las personas que  suponen un peligro para el orden público, que presentan riesgo de incomparecencia o dificultan su expulsión. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser ésta, y en la mayoría de las detenciones la arbitrariedad es la práctica más utilizada, y el internamiento la práctica más generalizada.

Las personas que están detenidas en el CIE de Aluche ¿tienen familia aquí, llevan mucho o poco tiempo en territorio español, en definitiva: tienen arraigo social?

Definitivamente sí. Los indicios de arraigo de estas personas son muy fuertes. Según los datos de los últimos informes, el 33.5% de las personas internadas llevaban más de 6 años en el estado español, pero es que en algún caso llevaban  20, 30 o toda la vida en el país (solo un 15.9% llevaban menos de 3 años). Esto da una visión clara del dramatismo de las situaciones que viven estas personas a causa de este mecanismo represor del estado, que en muchos casos son expulsadas del país dejando a menores de edad sin padres o madres, provocando la ruptura de  parejas y familias, la pérdida de trabajos, de viviendas compradas…¡Es realmente aterrador!

¿Todas las personas detenidas en el CIE terminan deportadas?

En algunos casos no. Pero debemos tener en cuenta que, al menos en el caso del CIE de Aluche, en más del 50% de los casos no disponemos de información sobre si se materializó la expulsión, porque el CIE se niega a facilitar estos datos. En el caso de las personas que se visitan, se sabe al menos que el 25% no han sido expulsadas, y que un 23.4% sí lo fueron, bien a través de vuelos comerciales, bien a través de macro vuelos de deportación. 

Sí se puede confirmar que el número de personas que sufren el internamiento en el CIE y que finalmente no son expulsadas es superior al número de casos en los que se materializa la deportación. Esto no quiere decir que no se siga expulsando a la gente del estado español, sino que lo que parece que va in crescendo son las deportaciones exprés, en menos de 72 h y desde las comisarías, lo que implica escasa o nula asistencia jurídica y eludir los controles judiciales.

Por último, señalar que debemos pensar que en bastantes casos podrían ser personas solicitantes de asilo (el CIE es uno de los puestos habilitados para solicitar asilo dentro del estado español), aún que también es cierto que no todas ellas son admitidas a trámite y/o resueltas positivamente. De hecho, de las solicitudes presentadas solo el 0.4% fueron admitidas a trámite. Hay una clara obstaculización policial para acceder a este derecho. Son muchos los casos de personas que realizando un escrito para solicitar el asilo en el CIE, ven como su escrito no es tramitado por las autoridades del CIE.

¿A qué conclusiones habéis llegado sobre los CIE?

La principal es que deben desaparecer, por descontado, ya que en estos centros no se cumplen los mínimos exigibles para el respeto de los derechos y la dignidad de las personas.

El marzo del año pasado se cumplió un año desde la puesta en vigor del Reglamento de funcionamiento y régimen interno de los CIE (Real Decreto 162/2014), que se suponía iba a suponer una mejora del funcionamiento de los mismos, pero el incumplimiento del reglamento es una constante. No se han observado mejoras en medios materiales ni humanos para reforzar los servicios de interpretación, asistencia sanitaria, servicios sociales y suministros varios (kits de aseo, vestuario, productos de farmacia…) ni tampoco en la adaptación de los módulos, espacios de ocio o equipamiento.

En SOS Racismo mantenemos que la privación de libertad en CIE es contraria al principio de proporcionalidad exigible por la Constitución, así como a los DDHH (reconocido esto por el Tribunal Europeo de DDHH), y que es posible y necesaria otra política migratoria.

El cierre de los CIE es posible, pero para ello es necesario que la ciudadanía se comprometa, así como que la clase política manifieste voluntad.

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