A CORUÑA, 20 de mayo de 2026. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de A Coruña ha encendido de forma drástica las alarmas sobre la salud financiera de las arcas públicas locales. Los populares han denunciado formalmente que el gobierno liderado por la alcaldesa socialista, Inés Rey, se verá obligado a ejecutar severos recortes por un valor total de 12 millones de euros que afectarán directamente a los ciudadanos durante este ejercicio. Según expone la formación de la oposición, este escenario de austeridad no obedece a un contratiempo fortuito, sino a las graves deficiencias de gestión en el periodo contable anterior, en el que se dejaron de percibir 17 millones de euros procedentes de empresas privadas que explotan concesiones municipales.

El líder de los populares coruñeses, Miguel Lorenzo, en el marco de una campaña informativa que está desarrollando a pie de calle por los distintos barrios de la ciudad, ha sido contundente al calificar la actual coyuntura financiera del consistorio: “Estamos ante la peor gestión económica de la historia de la ciudad. El Ayuntamiento está al borde de la insolvencia técnica”. El edil incidió en que los balances muestran un empeoramiento progresivo que las autoridades locales intentan maquillar. “Que no engañen, no es una foto fija o un problema coyuntural, sino un problema estrictamente estructural”, zanjó.

Desde las filas del Partido Popular argumentan que el tijeretazo presupuestario de 12 millones programado para el actual ejercicio habría sido completamente evitable si el Ejecutivo local hubiese cumplido con su obligación de recaudar las tasas pendientes de 2025. El desglose facilitado por la oposición detalla que el Ayuntamiento perdonó u omitió el cobro de 7,3 millones de euros a la planta de tratamiento de residuos de Nostián "sin justificación alguna". A esta cuantía se suman otros 9,7 millones de euros correspondientes a los cánones de otras concesionarias de gran calibre que operan servicios esenciales —como el Matadero municipal o la ORA—, una falta de liquidación que aparece explícitamente reflejada en el informe de estabilidad elaborado por el propio Interventor General del Ayuntamiento.

Las consecuencias prácticas de este déficit de recaudación se trasladarán de inmediato, según los populares, a partidas presupuestarias altamente sensibles para la ciudadanía. Lorenzo se dirigió directamente al gobierno local planteando duras dudas sobre qué áreas sufrirán la merma de recursos: “¿A qué van a afectar estos recortes? ¿Va a dejar a más niños sin beca comedor, a recortar más la emergencia social o las plazas de campamentos o las subvenciones para rehabilitación, o va a volver a subir todos los impuestos a los coruñeses?”. El portavoz insistió en que "ahora sufrimos todos las consecuencias" de los impagos permitidos a corporaciones privadas.

El escenario dibujado por el Grupo Popular añade, además, una preocupante incertidumbre sobre la capacidad de inversión de la ciudad a corto plazo. Según la denuncia pública efectuada hoy, corre un serio peligro el préstamo para inversiones previsto para este año, valorado en un total de 40 millones de euros. Desde el PP advierten que, dada la precaria situación económica municipal y los baremos de estabilidad, este crédito financiero podría perderse por completo en los próximos meses o, en el mejor de los escenarios, verse reducido a la mitad del importe inicialmente programado.

Los populares han tildado la postura del Ejecutivo de Inés Rey como "vergonzosa" y han exigido la asunción de responsabilidades frente a lo que consideran una quiebra en la credibilidad contable de la institución. “Hay un descontrol absoluto en la gestión económica municipal que requiere explicaciones y responsabilidades políticas urgentes porque la crisis del consistorio no es una foto fija”, concluyó Miguel Lorenzo, instando al ejecutivo a cesar las maniobras de distracción y a afrontar la realidad de las cuentas públicas locales.