La flotilla, formada por decenas de embarcaciones y centenares de activistas de distintos países, fue interceptada por la marina israelí durante su travesía hacia Gaza. Entre los últimos detenidos en ser deportados se encontraban el activista hispano-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, ambos miembros del comité organizador de la misión. No se hicieron públicos cargos formales contra ellos durante su detención.

Tras su liberación y regreso a sus países, numerosos participantes han denunciado malos tratos durante su custodia. Activistas de distintas nacionalidades han acusado a las autoridades israelíes de agresiones físicas, humillaciones y otras vulneraciones de derechos. Algunas de estas denuncias han motivado reacciones diplomáticas y peticiones de investigación en varios países.

El Gobierno francés ha solicitado formalmente a la fiscalía que investigue las denuncias presentadas por ciudadanos franceses que participaron en la flotilla. La petición se basa en un informe consular que recoge acusaciones de violencia física, trato degradante y agresiones sexuales. Los abogados de varios activistas han anunciado además acciones legales relacionadas con los hechos denunciados.

La situación también ha provocado críticas políticas en otros países. En Australia, diversas voces públicas han reclamado una respuesta más firme ante el trato recibido por los participantes de la flotilla, mientras que gobiernos y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por los testimonios difundidos tras las detenciones.

La operación se produjo menos de un año después de la primera Flotilla Global Sumud, impulsada por la misma coalición internacional. Aquella misión, desarrollada en 2025, reunió a centenares de activistas y más de cuarenta embarcaciones procedentes de decenas de países con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo israelí. Las embarcaciones fueron interceptadas por Israel en aguas internacionales y numerosos participantes fueron detenidos y posteriormente deportados. Al igual que en la operación de 2026, varios activistas denunciaron malos tratos durante su detención.