Durante la audiencia, la fiscalía solicitó una prórroga de cuatro días, alegando una serie de delitos graves, entre ellos ayudar al enemigo en tiempos de guerra, mantener contacto con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y transferir bienes a dicha organización.

La defensa, representada por el equipo legal de Adalah —incluyendo a las abogadas Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma—, sostuvo que todo el procedimiento carece de base legal. Argumentaron que el Estado no tiene jurisdicción para aplicar de forma extraterritorial estos cargos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales, calificando las acusaciones como una represalia contra líderes humanitarios.

Asimismo, denunciaron que los activistas fueron detenidos sin autoridad legal y que han sufrido abusos físicos graves que podrían constituir tortura, incluyendo golpes, aislamiento prolongado y vendajes durante varios días en el mar.

Según Adalah, no se han presentado cargos formales contra ninguno de los detenidos, quienes permanecen bajo interrogatorio en fase previa a la acusación. Ambos serán trasladados nuevamente al centro de detención de Shikma, en Ascalón, donde continúan en régimen de aislamiento. Los dos activistas mantienen una huelga de hambre en protesta por su detención y las condiciones denunciadas.