Un acuerdo para generar desorden

La economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos (Arturo Jaureche)

El tábano economista

El 12 de marzo de 2020, un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del nuevo coronavirus como pandemia, el Estado argentino dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 por el cual se amplió la emergencia pública sanitaria establecida por la ley en diciembre de 2019. Con el Decreto N° 297/20 se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el 20 y el 31 de marzo para los y las habitantes del país y hasta el 2 de agosto de ese año inclusive.

Para sorpresa del mundo, el 20 de abril del mismo año el gobierno realizó la primera propuesta a los bonistas privados por la reestructuración de U$S 68.000 millones sin que nadie en el planeta supiera la duración, dimensión o profundidad del daño económico que la pandemia le haría a la estructura productiva y financiera internacional. Una economía desvencijada donde los teóricos conjeturaban acerca del impacto y complicaciones que podría acarrear la eminente crisis en puerta en 2019. Cuando se puso el último clavo en el ataúd de la economía mundial con la pandemia, el Gobierno comenzó a desandar el camino del acuerdo con los bonistas privados.

El compromiso forjado con urgencia se terminó de pulir el 4 de agosto, y quedó reflejado a través de un comunicado del Ministerio de Economía donde se detallaba el arreglo entre el Gobierno y los tres principales grupos de acreedores que negociaron con el Ministro de Economía: el Grupo Ad Hoc integrado, por BlackRock, Fidelity y Ashmore, Autonomy, T. Rowe, AllianceBernstein y Wellington, entre otro fondos; el Exchange Bondholders Group, comandado por Monarch y el Comité de Acreedores de la Argentina.

Sin grandes soluciones, solo con una baja de interés del 7% al 3.07% y, fundamentalmente, una postergación de plazos de pago hasta el 2024. Cuando el Estado nacional arregló en agosto, tenía una deuda, según el Ministerio de Economía, de U$S 328.480 millones, de los cuales el 41% era deuda sector público, unos U$S 160.000 millones en manos privadas, y U$S 75.000 millones en organismos internacionales.

El caso es que el gobierno termine de arreglar con el FMI, dado que el acuerdo es impostergable tanto para el oficialismo como para la oposición, los progresistas, los fascistas y demás yerbas. “Nadie está hablando de desconocer deudas”, dijo la vicepresidenta en su carta y reiteró –para los que siempre rendimos examen antes los endeudadores seriales–, “el peronismo a lo largo de su historia ha pagado las deudas que generaron otros gobiernos”. Bien, al parecer entonces, aunque de manera solapada, el arreglo con bonistas privados y con el FMI ya tenía un final anunciado; lo que tenemos que descubrir es en qué capítulos de esta telenovela está el relato del cuento con tan presagiado final.

La idea central o fundamental que desarrollaremos es que algunos teóricos creen que Argentina tiene una probada falencia de generación de divisas. Cerca de U$S 200 mil millones de superávit comercial desde el año 2.000 a la fecha y unos U$S 450 mil millones de fuga de capitales la desmienten.

El estructuralismo latinoamericano tiene una larga tradición que vincula la restricción externa con los problemas que presentan las economías de la región para encontrar senderos de crecimiento y desarrollo sostenibles en el tiempo. Sin dólares, el crecimiento se estanca; en el caso argentino se entiende que las interrupciones ocurrieron por problemas de balanza de pagos. Ante ciclos de crecimiento, el ritmo de incremento de las exportaciones tiende a ser bajas, más en Argentina, que se come lo que exporta, en relación al de las importaciones y, en consecuencia, el flujo neto de divisas es insuficiente. El periodo de mejora se interrumpe porque faltan dólares.

El balance cambiario del BCRA demuestra varios puntos que saltan a la vista en el cuadro 1. En principio, las exportaciones superan a la importaciones y, por la tanto, las restricción externa tan mentada para afrontar la compra de los bienes intermedios que sostendrían el crecimiento –al menos en números– no se produciría. Hay suficientes fondos para poder comprar las importaciones necesarias. Por ejemplo, el crecimiento 2003-2015 tuvo una tasa media del 4.55%, más del doble del promedio de crecimiento 1960-2020, unos 2.07%, y solo tuvo déficit en 2015.

Para que la economía crezca al 3% y la balanza comercial se mantenga equilibrada, las exportaciones de bienes y servicios deberán sumar unos U$S 25.000 millones adicionales para 2023. Desde el Ministerio de Producción durante el gobierno anterior, así como el complejo agroexportador ponen este número en danza que, como veremos, queda como anillo al dedo si agregamos los demás componente del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA, pero no para la Balanza Comercial.

Para exponerlo de una manera clara. La necesidad de dólares se produciría una vez adquiridas las importaciones de bienes y servicios necesarias para el crecimiento, y el inconveniente vendría para recaudar los dólares para pago de deuda externa e intereses, fuga de capitales, viajes al exterior y remesas de utilidades y dividendos, compra de dólares para atesoramiento. Veamos un poco más a profundidad el persistente y sugerente planteamiento.

La restricción externa es el combo de los números que están en rojo en el cuadro, omitiendo pago de capital de deuda. Se presenta como carencia de dólares para afrontar la compra de importaciones. Este año es posible que se exporten unos U$S 75.000 millones, y las importaciones alcanzaran los U$S 61.000 millones, lo que dejaría un superávit de unos 14.000 millones. Ahora, la consigna es llegar a los U$S 100.000 millones, y de ahí comenzarían a tener sentido los U$S 25.000 millones de incremento, los U$S 75.000 millones actuales más el incremento.

Como muestra el cuadro 1, desde 2011 a 2019, los superávit rondan unos U$S 4.000 millones, desde el 2019 aumentaron a niveles de principio de siglo, pero la media 2000-2021 daría unos U$S 10.000 millones. Teniendo este número en cuenta, veamos lo que está debajo de la línea o en rojo.

Los intereses de deuda rondan los U$S 3.000 millones anuales; en fuga de capitales, tomaremos la opción mínima conservadora de unos U$S 10.000 millones por año. Esto se debe a que el mandato macrista desvirtúa la media de Formación de Activos Externos, elevándola a más de U$S 21.000 millones anuales. Si se toma el Balance Monetario del BCRA desde el 2008 a 2019, habría unos 171 mil millones de fuga, es decir, un promedio de U$S 14.000 millones anuales. Nos restan unos U$S 1.700 de remisión de utilidades y U$S 6.500 por turismo, incluidos pagos con tarjeta, más U$S 5.000 de compra de dólares. Debajo de la línea la suma rondaría unos U$S 25.000 millones. Si le restamos el superávit comercial y le agregamos los pagos de capital de deuda regresaríamos nuevamente a los U$S 25.000 o los U$S 100.000 millones de exportación propuestos, numero fantástico del que todos hablan.  

Entonces, los arreglos con los bonistas privados más el FMI nos orientan a una economía exportadora que obligada a generar al menos U$S 20.000 millones más. Si no se elimina la fuga de capitales y se ponen a discusión las prioridades de la compra de dólares, turismo y remisión de utilidades, el faltante es cierto.

Aquí surge un dilema adicional: los generadores de dólares son quienes proponen, como veremos, el plan de expansión exportadora con ayuda estatal. Pero también son los evasores fiscales, quienes fugan las divisas y los que envían sus utilidades al exterior sin reinvertirlas en el país. Seis de los grandes exportadores son americanos, uno chino y otro suizo, los restantes los veremos más adelante. Aun logrando los niveles propuestos de exportaciones, los dólares no son propiedad del estado, sino de los exportadores. Es necesario, además, tener los pesos para comprar esos dólares, lo que llamaremos generación de ahorro, que pasará a ser exportación de ahorro, siempre y cuando ingresen al país los dólares de las exportaciones, o sea, que estén a disposición. Por eso es tan atractivo pactar con los enemigos, ellos tiene el seductor encanto de la generación de dólares.

En el marco de la crisis que desató el coronavirus, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas CONINAGRO, le presentó a mediados del 2020 al Gobierno Nacional un plan para la “reconstrucción económica y socioproductiva del país”. Tenía como meta llegar a U$S 100 mil millones de exportaciones y crear 700 mil puestos de trabajo. Obviamente que la propuesta venía aderezada con 1% de gasto del impuesto al cheque para el mantenimiento de caminos rurales, conectividad rural, más beneficios fiscales de continuidad que debía aportar el Estado a tan noble incremento externo. 

El 17 de julio se crea el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el nombre que más de 40 entidades de la agroindustria resolvieron adoptar para llevar adelante el plan para lograr un proyecto de ley que genere un aumento a U$S 100 millones de las exportaciones de la actividad y genere 700.000 nuevos puestos de trabajo. Esta propuesta tenía un detalle de aumentos del empleo en orden de importancia: se prevén 110.380 empleos nuevos en cereales, oleaginosas y forrajeras, 15.164 más en carne vacuna, 10.570 en legumbres, entre otros rubros. Extrañamente, el sector Agricultura ganadería caza y selvicultura, desde 2009, lo único que ha logrados es reducir la cantidad de trabajadores de 333.000 a 319.000 en el 2021. Su mayor cantidad de empleo lo tuvo en abril del 2011 con 345 mil.

Desesperados para que se exponga como un plan conjunto entre el gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) los medios expusieron ante el Consejo Económico y Social (CES) en el marco de su 10ma. reunión plenaria, el proyecto de Régimen de Fomento para el Desarrollo Agroindustrial Federal donde elministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la NaciónJulián Domínguez se sumó a la presentación de este proyecto de ley que aborda uno de los grandes desafíos del sector: generar U$S 100.000 millones de exportación, y que sería incluido también por Ministerio de Desarrollo Productivo en su trabajo “Desarrollo productivo de la Argentina pospandemia”.

Como muestra el cuadro siguiente, la participación del complejo oleaginoso cerealero más carnes bovinos tiene superávit y sobrepasa el 60% de las exportaciones, siendo el más importante sector de generación de divisas.

Existen muchos artículos del Lic. Horario Rovelli que detallan de manera puntillosa y diligente los pormenores de su estructura oligopólica, participación en evasión, fuga de capitales y extorsión constante en el mercado cambiario del Consejo Agroindustrial Argentino. Dejando claramente expuesto lo innecesario del apoyo estatal para su desarrollo y acumulación. Pero, ante este escenario, las demandas adicionales siempre son bienvenidas para sus beneficios.

Un rápido paneo a la los beneficios exigidos del sector ante la necesidad admitida de dólares por parte del Estado, avalando el proyecto exportador, incluyen: el congelamiento de las retenciones, la obligación de operar bajo un único tipo de cambio, un régimen de estabilidad fiscal que congelaría impuestos por cinco años, amortizaciones aceleradas de la inversión que se quieren hacer pasar como neutras, devolución de IVA anticipado, etc.; todos beneficios ligados a elevar en el corto plazo la tasa de rentabilidad a expensas del Estado.

Si bien los participantes en los proyectos de estimulación del desarrollo exportador, como vimos están ligado al falsa necesidades de compra de importaciones, dentro de los  integrantes de la mesa exportadora dijimos que quedan dos componentes, Vicentin el gran estafador de productores y bancos argentinos y quienes se quedaron con la parte de la empresa que marca como funciona el sector.

Con el quinto lugar mundial de exportador de soja, Paraguay bate record internacional al aumentar un 561% la producción de soja entre 1995 y 2018 y alcanzar el cuarto lugar en exportaciones; obviamente, Vicentin, una de las 10 mayores exportadoras de argentina, tiene gran responsabilidad en este juego. Los barcos cargados no pueden ser revisados en Argentina, por lo que en puertos privados cargan soja y se exporta como paraguaya o uruguaya sin pagar los impuestos correspondientes.

Si bien la maniobra de evasión es importante, para nuestros fines es más relevante que el Banco Central haya tomado la decisión de suspender las operaciones en el mercado de cambios de la empresa Díaz & Forti, la cual está operando y alquilando las instalaciones de Vicentín Argentina. Extrañamente, la empresa saltó de 4 millones de dólares de exportación en el 2019 a más de U$S 800 millones en el 2020. Lo interesante es que el BCRA la suspende porque nunca liquidó más de U$S 300 millones de exportaciones. Lo que dijimos más arriba es importante, no solo hay que generar dólares, se los tiene que poner a disposición para que se puedan pagar las deudas.

Los exportadores están constantemente jugando a la escasez de dólares; de hecho, se pueden ver las liquidaciones de la Cámara de industria aceitera, CIARA-CEC, que nunca coinciden con los registro del INDEC o del Banco Central. Liquidan de menos o se pagan de más importaciones. Lo que no estamos tomando en cuenta son las exportaciones de ahorro que Argentina, a través del pago de deuda y fuga de capitales, envía al exterior.

Cada año, esos casi U$S 20.000 o U$S 25.000 millones son enviados al exterior como pago de deuda. Esta exportación de ahorro se da con el esfuerzo de la clase media y baja argentina que se ajusta el cinturón consumiente y gastando menos, para que los acreedores puedan gastar más.

Una parte de esa carga queda exenta de colaborar, y es la que se denomina Formación de Activos Externos o fuga de capitales. Los mismos que se sentaron a la mesa presentando proyectos de incrementar los ingresos de dólares son los que evaden impuestos, falsifican exportaciones o importaciones y, con incrementos de deuda, se llevan al exterior los dólares evadidos.

Este cumulo de dólares, de U$S 14.000 millones entre intereses y principal de deuda, más los U$S10.000 que tomamos como piso de la fuga –estos últimos no son exportaciones de ahorro por políticas de ajuste– no colaboran con esas exportaciones. De no salir estos dólares, la carga del pago sería más repartida… o si les exigiera tributos mayores a quienes más ganan. De hecho, con esta simulación de los U$S 14.000, más del 71% podria ser aportado por los U$S 10.000 millones de fuga, lo que provocaría que las clases media y baja pudieran ajustarse menos el cinturón y con ello que las exportaciones de ahorro fueran menores. De esta manera los ahorro en gasto de consumo, carnes, alimentos de los argentinos no se irían al exterior.

Entre bonistas, FMI y modelo exportador, los ganadores cargan en las clases de menores ingresos los ahorros de consumo necesarios para poder pagar, exportándolos. El Estado, aliándose con ellos, pierde cualquier mecanismo de auditoría de las exportaciones, liquidaciones de granos, carnes o energía. No es que no existan mecanismos de trazabilidad para seguirlos, monitorio de rendimientos o caudalímetros para energía, lo que no hay es decisión política de hacerlo.

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