El gasto militar mundial bate récords desde la Guerra Fría

El año 2024 cerró con una cifra sin precedentes: 2,718 billones de dólares destinados a gasto militar en todo el mundo, el mayor incremento interanual desde el final de la Guerra Fría. Lo confirma el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que sitúa el aumento global en un 9,4%. Es el décimo año consecutivo de crecimiento, impulsado por conflictos abiertos —como las guerras en Ucrania y Gaza— y una reconfiguración de las estrategias de seguridad a nivel global.

Europa y Oriente Medio lideran la escalada. La región europea, incluida Rusia, aumentó su gasto un 17%, alcanzando los 693.000 millones de dólares. Todos los países europeos, salvo Malta, incrementaron sus presupuestos militares, llevando el gasto de la región más allá del nivel registrado al final de la Guerra Fría. En palabras del investigador del SIPRI, Xiao Liang, se trata de “un cambio estructural con profundas repercusiones socioeconómicas y políticas”.

El rearme de Europa

Desde 2014, con la anexión rusa de Crimea y la irrupción del Estado Islámico, los países europeos comenzaron a revisar sus políticas de defensa. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y la posibilidad de una menor implicación de Estados Unidos en Europa bajo la administración Trump han reforzado esa dinámica. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “la seguridad del continente está en juego de forma muy real”. En este escenario de rearme generalizado, la Unión Europea anunció el plan ReArm Europe. La iniciativa contempla movilizar cerca de 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares de los Estados miembros, mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas armadas y, sobre todo, estimular una industria de defensa europea más integrada. El objetivo: reducir la dependencia de Estados Unidos y potenciar la autonomía estratégica del continente.

El consenso político europeo a favor del incremento del gasto militar es prácticamente total. Alemania, por ejemplo, ha reformado su Constitución para permitir un endeudamiento especial con fines de defensa, y en 2024 aumentó su gasto un 28%, alcanzando los 88.500 millones de dólares. Polonia destinó el 4,12% de su PIB, convirtiéndose en el país europeo que más esfuerzo relativo hizo en defensa.

En este contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apeló a adoptar una “mentalidad de guerra” y justificó los aumentos presupuestarios afirmando que “si no gastamos más ahora para evitar la guerra, pagaremos un precio mucho mayor después”. En paralelo, 18 de los 32 países de la Alianza alcanzaron en 2024 el objetivo del 2% del PIB.

España se une a la tendencia

Hasta ahora, España ha sido uno de los países de la OTAN más rezagados en gasto relativo en defensa. En 2024, destinó el 1,28% del PIB. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 22 de abril una inyección extraordinaria de 10.471 millones de euros para adelantar la meta del 2% ya a este mismo año, cuando inicialmente se preveía alcanzarla en 2029.

Sánchez insistió en que el esfuerzo presupuestario no afectará al Estado del bienestar, y que el incremento se financiará a través de remanentes no ejecutados y fondos europeos. No obstante, voces críticas, como la experta Tica Font, advierten sobre la falta de transparencia en los presupuestos de defensa y la opacidad del gasto real.

El crecimiento del negocio de la guerra español

El complejo militar-industrial español vive un proceso de consolidación y crecimiento. En 2023, el sector de defensa y seguridad facturó 8.042 millones de euros, con una inversión en I+D+i de 1.590 millones —el 17,9% del total industrial del país— y más de 121.000 empleos directos o indirectos.

La estructura empresarial está dominada por Airbus, Indra, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Expal e ITP Aero. En los últimos años, nuevas firmas como Escribano Mechanical & Engineering han dinamizado el sector, mientras que otras tradicionales han sido absorbidas por grupos internacionales: Santa Bárbara por General Dynamics (EE. UU.), Expal por Rheinmetall (Alemania).

Indra, con un 28% de participación estatal, se ha convertido en el principal proveedor del Ejército de Tierra y ha ampliado su actividad al sector espacial con la adquisición de Hispasat. Según datos oficiales, facturó 4.343 millones de euros en 2023 (+13%) y su beneficio neto aumentó un 20%.

Armas españolas para el mundo

España ocupa el noveno lugar mundial en exportación de armas, con una cuota del 3% del comercio global. Arabia Saudí, Australia y Turquía son los principales compradores. Las exportaciones incluyen corbetas a Riad, fragatas a Noruega o aviones de transporte a más de 30 países.

El auge de la industria se explica en parte por esta internacionalización, pero plantea serias dudas. El caso saudí es especialmente polémico, dada su implicación en la guerra de Yemen y no es el único. Las mismas alarmas sonaron con la exportación masiva que nuestro país venía dirigiendo hacia Israel. Tal y como señala el derecho internacional,  España no debería vender armas a países   acusados de perpetrar violaciones de derechos humanos.  El debate ético sobre las exportaciones, sin embargo, sigue sin abrirse plenamente en la esfera pública

Un negocio opaco 

A pesar del impacto económico del sector, el desarrollo del gasto militar no ha sido objeto de un debate ciudadano proporcional. La misma naturaleza del negocio permite el oscurantismo y la opacidad, protegiendo los detalles en base a argumentos que ponen encima de la mesa la cuestión de la delicada seguridad nacional y comunitaria. “Los Estados tienen una relación simbiótica con la industria armamentística”, señala Tica Font. “No producen bienes para la sociedad, sino para los propios Estados, y muchas veces es la industria la que marca las pautas de la política de seguridad”. La experta pide transparencia, control parlamentario real y un debate sosegado sobre prioridades presupuestarias.

Más armas, menos Estado social

El rearme europeo tiene costes ocultos. Según el SIPRI, muchos gobiernos han recortado en cooperación internacional, políticas sociales o ayudas al desarrollo para financiar el incremento militar. En palabras de Francesco Vignarca, de la Red Italiana por la Paz y el Desarme, “se está consolidando una burbuja financiera armamentística, liderada por los mismos intereses que antes promovían el endeudamiento especulativo o la industria fósil”. Vignarca reclama una Conferencia de la ONU sobre desarme en 2025, coincidiendo con el 80º aniversario de Hiroshima y Nagasaki.

La lógica del rearme se ha impuesto en Europa. Bajo el discurso de la seguridad, se consolidan políticas de gasto que favorecen una industria estratégica pero polémica, con beneficios concentrados y escaso debate ciudadano. La pregunta clave sigue vigente: ¿seguridad para quién y a qué precio? Europa y España están apostando por un nuevo paradigma que sienta las bases de su futura posición en el tablero global. Esta decisión de enormes repercusiones, sin embargo, se toma sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y sin tan siquiera ofrecer las explicaciones pertinentes acerca de las motivaciones e intereses que se ocultan detrás de este paso definitivo.