Así lo detalla el informe Beneficio Colateral del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Observatorio Shock Monitor, (https://centredelas.org/publicacions/beneficio-colateral/?lang=es) elaborado por Eduardo Melero y coordinado por Alejandro Pozo. En el documento, que se hizo público el pasado día 7 de mayo, Se hacen evidentes las contradicciones entre lo que el ejecutivo español dice y lo que realmente pasa tras las bambalinas: Más empresas españolas que nunca desarrollan proyectos conjuntos con empresas israelíes y más contratos que nunca se han firmado entre el Ministerio de Defensa Español y la industria Israelí.

En el periodo comprendido entre esa fecha y marzo de 2025, las importaciones españolas de armamento procedente de Israel han superado los 36,7 millones de euros, entre productos clasificados bajo los códigos aduaneros 93 (“armas y municiones”) y 8710 (“vehículos blindados”). Más de la mitad de ese volumen se concentró en el último trimestre de 2023, el de mayor importación de armamento israelí en la historia reciente .

Pero el volumen más significativo no se encuentra en la compraventa directa, sino en los contratos adjudicados a empresas israelíes por parte de instituciones públicas españolas. Según el informe, se han firmado al menos 46 contratos con empresas israelíes o con filiales y empresas intermediarias relacionadas con Israel, por un valor que supera los 1.044 millones de euros. Las principales beneficiarias han sido las compañías Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems .

Estas adjudicaciones incluyen desde el mantenimiento del mortero Cardom —suministrado por Elbit al Ejército de Tierra español y probado en combate en Gaza—, hasta la compra de designadores láser Litening V y misiles Spike, fabricados en consorcio con empresas españolas como Escribano, Tecnobit, Indra o FMG. También destaca la producción conjunta de los lanzacohetes SILAM, fruto de un acuerdo de transferencia tecnológica con Elbit Systems .

En cuanto al tránsito de armamento con destino a Israel por territorio español, el informe recoge que, pese a las afirmaciones del Gobierno español de no autorizar nuevas escalas, se han documentado rutas de tránsito por aire y por mar que incluyen escalas en la base de Rota, en el puerto de Algeciras o en aeropuertos como el de Zaragoza. Barcos que transportaban combustible para aviones militares también han hecho parada en puertos españoles, pese a que ese tipo de carga no está clasificado como material de defensa .

El caso de A Coruña: 130.000 euros para Israel

Este informe llegó para apuntalar un sonoro escándalo que sacudió con dureza al ejecutivo español. El 13 de abril comenzaba el terremoto al descubrirse el contrato del Ministerio del Interior con una empresa israelí para comprar placas balísticas. Tan solo unos días después, el 25 de abril, saltaba la  noticia a los titulares gallegos: al menos tres ayuntamientos de Galicia (Vigo, Ourense y A Coruña) habían adquirido en los últimos cuatro años material policial a empresas israelíes por un total de más de 500.000 euros. Estas compras incluyen escudos, chalecos, sistemas de vigilancia y tecnología de control del espacio urbano.

En el caso de A Coruña, el gasto total habría superado los 130.000 euros. El contrato fue adjudicado a través de procedimientos abiertos a empresas israelíes, siendo una de las principales proveedoras la empresa ISPRA, especializada en equipamiento táctico y con experiencia en suministros a cuerpos de seguridad israelíes. El ayuntamiento coruñés justificó la adquisición como parte del refuerzo de medios para la Policía Local en materia de protección y orden público.

Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos, plataformas ciudadanas y colectivos gallegos en solidaridad con Palestina denunciaron que estas compras suponían una complicidad institucional con una industria militar directamente implicada en la represión y el apartheid del pueblo palestino. Desde entonces, las críticas han ido en aumento, tanto a nivel social como político.

Las idas y venidas del gobierno 

Ante el creciente rechazo social y político, el Gobierno español reaccionó el pasado mes de abril a las acusaciones de colaboración con la industria armamentística israelí. A través de un comunicado, el 27 de abril de 2025 el Ejecutivo anunció la rescisión de un contrato de suministro con Elbit Systems y la apertura de un proceso de revisión de las relaciones con proveedores israelíes.

Sin embargo, esa supuesta rescisión fue matizada días después. Según el Centre Delàs, “no se había iniciado ningún procedimiento administrativo para revocar los contratos” hasta principios de abril. De hecho, el informe denuncia que las noticias sobre cancelaciones fueron difundidas sin respaldo documental, y que la práctica totalidad de los contratos seguía en vigor en el momento de la publicación .

Simultáneamente, desde el Ministerio de Defensa se insistió en que las exportaciones desde España a Israel se limitaban a material para reparación o pruebas, sin fines ofensivos. El 25 de marzo de 2025, la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla, declaró en el Congreso: “Las autorizaciones son temporales y exclusivamente de material para reparación y mantenimiento cuyo usuario final es el Ministerio de Defensa español” .

Según los datos de la ONU, el número de víctimas mortales en Palestina desde el 7 de octubre de 2023 supera las 34.500 personas. La gran mayoría mujeres y menores. Las mismas fuentes cifran las personas heridas en más de 77.000 y en casi 2 millones las que han sido desplazadas. Por si esto fuera poco, el pasado 21 de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos están acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Gaza, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra, ataques deliberados contra civiles y la obstrucción de ayuda humanitaria.

Mientras tanto y pese a todo esto, España sigue autorizando directa o indirectamente relaciones armamentísticas con dicho Estado. Unas relaciones que no se han querido o sabido explicar públicamente. Esta opacidad ha derivado en un discurso contradictorio que no ha hecho más que empeorar la presión sobre el ejecutivo.