El 9 de marzo de 2001, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunció una frase que marcaría un antes y un después en la historia reciente de España: “Señoras y señores, se acabó la mili”. Con ese anuncio se ponía fin a más de dos siglos de servicio militar obligatorio. La medida, que entró en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año, supuso la culminación de décadas de lucha civil por parte de miles de jóvenes que se negaron a empuñar un arma, incluso a costa de su libertad.

La insumisión española

La objeción de conciencia al servicio militar en España comenzó a consolidarse como fenómeno social en los años 70, aunque no fue hasta la década de los 80 cuando adquirió una dimensión llamativa. En 1984, el Estado aprobó la Ley 48/1984 reguladora de la objeción de conciencia, que ofrecía una alternativa civil al servicio militar: la Prestación Social Sustitutoria (PSS). Sin embargo, muchos objetores denunciaron que esta prestación seguía siendo una forma de penalización, más larga y coercitiva que el propio servicio militar.

La ruptura definitiva llegó en 1989, cuando el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) impulsó una campaña de insumisión que rechazaba tanto la mili como la PSS. Aquel año, unos 200 jóvenes se declararon insumisos públicamente ante los juzgados, y desde entonces la lucha fue en aumento.

Entre 1989 y 2001, unos 20.000 jóvenes participaron en la campaña de insumisión. De todos ellos, unos 1.670 fueron procesados penalmente, y aproximadamente 1.000 fueron encarcelados, según datos recogidos por investigadores y por fuentes del propio movimiento, como el volumen En legítima desobediencia. Fue la mayor campaña de desobediencia civil en Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial.

Un triunfo que lo cambia todo

A pesar de la represión —con penas de prisión de hasta dos años—, el movimiento ganó apoyo social, especialmente entre la juventud, colectivos pacifistas, asociaciones de derechos humanos y organizaciones de izquierdas. Las protestas, los actos públicos y la presión mediática consiguieron debilitar el consenso en torno al servicio militar obligatorio.

Finalmente, en el año 2000, el gobierno de José María Aznar anunció la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la suspensión de la mili obligatoria. El cese entró en vigor oficialmente el 31 de diciembre de 2001. Desde entonces, el servicio militar permanece abolido, aunque la legislación contempla la posibilidad de reclutamiento forzoso en caso de estado de alarma o guerra.

Luis Villaverde: el último insumiso 

Aunque el servicio militar obligatorio fue suspendido en 2001, las consecuencias legales para algunos insumisos se extendieron más allá de esa fecha. Un caso destacado es el de Luis Villaverde, un vigués que en 2001 se negó a realizar tanto el servicio militar como la Prestación Social Sustitutoria. Por esta negativa, fue sancionado con una multa de 1.503 euros. 

Villaverde, coherente con sus principios, se negó a abonar la multa, lo que derivó en una orden de ingreso en prisión. Finalmente, en septiembre de 2021, dos décadas después de su acto de insumisión, ingresó en el centro penitenciario de A Lama para cumplir una condena de 180 días. Este caso ilustra cómo las consecuencias legales de la insumisión se prolongaron en el tiempo, afectando a quienes mantuvieron su postura de objeción de conciencia incluso después de la suspensión del servicio militar obligatorio.  

Dudas razonables ante el retroceso europeo 

La objeción de conciencia, sin embargo, no es solo un derecho que haya tenido una importancia histórica. Muy al contrario, sigue siendo esencial para asegurar la libertad de conciencia de la ciudadanía. Más aún cuando observamos las posibilidades que se abren como ejemplos de una peligrosa deriva en el entorno del Estado español. Durante los últimos años, contra todo pronóstico y apoyándose en la inestabilidad geopolítica europea, no han sido pocos los países que han vuelto a introducir el servicio militar obligatorio o que, en todo caso, se plantean hacerlo en un futuro próximo.

Lituania suspendió la mili en el año 2008, pero lo reintrodujo en 2015 para hombres entre los 19 y 26 años. Apenas 3 años después, en 2018, Suecia hizo lo propio. En este país, todos los jóvenes de 18 años deben ser evaluados para el reclutamiento, aunque es solo una parte la que es finalmente escogida. Letonia tardó un poco más, pero a partir de enero de 2024 y tras 17 años de suspensión, todos los hombres entre 18 y 27 años tienen que servir al ejército obligatoriamente durante 11 meses. Las mujeres pueden presentarse de forma voluntaria. El último país que hizo efectivo este retroceso fue Croacia en enero de este mismo 2025. El rango de edad es el mismo que en el caso anterior, pero su duración es de 2 meses.

Hay otros estados que se están planteando la reintroducción de esta forma de reclutamiento forzoso. El país que, en este sentido, tiene el proceso más avanzado es Serbia donde lleva suspendido desde 2011. El  presidente Aleksandar Vučić anunció en septiembre de 2024 que el país implementará un servicio militar obligatorio de 75 días para hombres, y voluntario para mujeres, a partir de 2025. Los gobiernos de Alemania y Países Bajos, por su parte, han expresado públicamente que están debatiendo esta opción como forma de reforzar sus Fuerzas Armadas. Otro caso curioso es el de Dinamarca, que nunca llegó a suspender su mili, pero que ahora se plantea hacerla obligatoria también para mujeres y ampliar su duración de 4 a 11 meses.

En España se ve lejana esta posibilidad, pero el riesgo es real. Sobre todo teniendo en cuenta la deriva militarista que el gobierno ha adoptado, siguiendo el ejemplo de otros homólogos europeos y ante la presión de Estados Unidos mediante la OTAN. Y es que en nuestro país la mili fue suspendida, pero nunca derogada. Nuestra constitución, en el artículo 30.2, contempla que la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará la objeción de conciencia. Por lo tanto, al formar parte del marco constitucional, el servicio militar obligatorio podría volver a ponerse en funcionamiento con una ley ordinaria. No en vano, la Ley 17/1999 que regula el régimen del personal militar profesional no derogó el servicio militar obligatorio, solo lo dejó en suspenso.

Incluso sin tener esta posibilidad en cuenta, la objeción de conciencia sigue siendo un derecho a tener presente. Aun sin mili, la ley española contempla la posibilidad de reclutar a la ciudadanía, cuando las autoridades lo consideren necesario. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 32, establece que: “Cuando se declare el estado de sitio, se podrá imponer a los ciudadanos la prestación personal de servicios militares.”