¿Cómo describirías el conflicto que está viviendo actualmente el sector veterinario con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023?

Desconcertante. 

Se suma a trabas absurdas como las leyes del medicamento veterinario, de fármacos hospitalarios y de estupefacientes. Nuestro sector no supone ningún problema en el control de resistencias microbianas (ni en los otros aspectos). Nos respaldan datos ejemplares. Este RD se salta el concepto “One Health” y nos obliga a prescribir antibióticos de forma potencialmente perjudicial para nuestros pacientes, el medio ambiente y las personas. Además, limita el acceso a los tratamientos, anula nuestro criterio clínico e impone una carga burocrática inasumible. Crea un problema muy serio donde no lo había.

¿Qué implicaciones prácticas tiene esta normativa en tu día a día como veterinario?

Tengo que elegir los tratamientos según fichas técnicas obsoletas. Tengo que prescribir productos inútiles o poco eficaces, difíciles de encontrar, incluso extranjeros, y/o envases desproporcionados. No importa si hay un tratamiento adecuado y accesible, no puedo priorizar las necesidades del animal, su enfermedad, mis estudios y mi experiencia. Todo ello, precedido de unos pasos burocráticos enrevesados.

¿De qué manera afecta esta ley a la atención que puedes ofrecer a los animales o mascotas en tu clínica?

Nos impide dar tratamientos cuando hace falta. A veces, habrá que esperar días o semanas por la medicación. Otras, habrá que hacer pruebas caras para justificar un tratamiento de primera elección. En casos de urgencia, debemos elegir entre arriesgar la vida del paciente al seguir la ley, o seguir nuestro código deontológico y exponernos a sanciones severas.

Uno de los puntos más criticados es la prohibición de dispensar medicamentos directamente en consulta. ¿Qué problemas está generando esto para ti y para los propietarios de animales?

Los canales que impone el decreto no están preparados. Se vulnera el derecho del cliente a obtener su medicación. Los tutores tienen que peregrinar por varias farmacias y/o esperar días hasta conseguir una medicación que nosotros tenemos disponible. A veces la farmacia, con buena voluntad, cambia nuestra prescripción por otra inadecuada o peligrosa. Muchos envases disponibles actualmente son desproporcionados y generan sobrantes de hasta el 95%. En las clínicas entregábamos la cantidad exacta. Esto es muy grave, causará automedicación, mercado paralelo y/o contaminación.

¿Cómo valoras la carga burocrática que impone el uso obligatorio de la plataforma PresVet para registrar recetas?

Es prácticamente inasumible, y a muchas clínicas nos resulta imposible contratar una persona o un software para dedicarlo en exclusiva a ello. PresVet es un proceso intrincado, con subjetividades, muy propenso a errores. Y es amenazante, con sanciones que eran de más de un millón de euros. Ya existe un sistema de control desde las distribuidoras, sencillo y eficiente. PresVet es un paso adicional que no aporta nada y genera mucha problemática.

¿Sientes que esta normativa limita tu criterio profesional a la hora de prescribir tratamientos?

Absolutamente. El RD carece de criterio clínico, incluso lo criminaliza. La veterinaria es una ciencia con altos estándares éticos y científicos. Esta ley reduce nuestra realidad a unas tablas obsoletas que no reflejan el conocimiento vigente ni la realidad del sector, y a menudo acaban en un callejón sin salida donde no podemos prescribir ningún fármaco sin incumplir la ley. En el mercado hay opciones eficaces vetadas por la burocracia. Y por supuesto, las novedades quedan desterradas, nuestros esfuerzos por actualizarnos no sirven de nada.

¿Qué tipo de acciones o medidas están tomando desde el colectivo veterinario para intentar revertir o modificar esta situación?

En primer lugar, la unión total del sector, acompañados de sectores afines y multitud de familias con animales. También, contactos con las administraciones para mostrar los fallos de esta ley y proponer correcciones. Además, protestas en las calles, redes sociales y demás foros. Finalmente, medidas jurídicas para defender nuestros derechos y los de nuestros pacientes.

¿Ha habido algún tipo de respuesta o acercamiento por parte del Ministerio de Agricultura tras las movilizaciones del sector?

El Ministerio ha sacado esta legislación sin contar con nosotros. No entienden la realidad de la veterinaria actual, y no les importan las consecuencias de la ley. Nos dan respuestas tibias y condescendientes, y mantienen su postura. Nuestras reivindicaciones no se tienen en cuenta.

¿Qué consecuencias está teniendo esta ley dentro del propio sector veterinario a nivel profesional y emocional?

Saber que un paciente puede salvarse de forma accesible, pero vernos obligados a elegir el camino ineficaz nos rompe por dentro. Trabajar bajo la amenaza diaria de errores y sanciones nos genera un enorme estrés. Somos el colectivo con mayor índice de burnout, fatiga por compasión y suicidio, y esta situación nos lleva al límite. Pero elijo quedarme con lo positivo: la unión sin precedentes del colectivo veterinario.

¿Estáis organizando nuevas acciones o movilizaciones como colectivo? ¿Qué pasos tenéis previstos a corto plazo si no se producen cambios desde la administración?

Seguiremos reclamando conversaciones hasta ser tenidos en cuenta. Mantendremos las movilizaciones toda España los días 7 y 8 de junio, y fechas futuras. Continuaremos los procesos judiciales para defender nuestros intereses y los de nuestros pacientes. No descartamos medidas más drásticas. La situación es insostenible, las consecuencias para la salud pueden ser gravísimas.